"Estamos preocupados por la situación de la cárcel, y trabajamos cada causa con el objetivo de que esto se esclarezca". El camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas escuchó esta frase de boca del fiscal federal Antonio Gustavo Gómez y se retiró un poco más tranquilo de la sede del Juzgado Federal, ubicada en calle Las Piedras al 400. El magistrado, esta semana, le había solicitado al funcionario judicial que, si así lo disponía, instruyera a los fiscales a su cargo para que investiguen el tráfico de estupefacientes en el penal de Villa Urquiza. Ayer, ambas autoridades se reunieron, intercambiaron información y acordaron trabajar juntos.
Además, Ruiz Vargas tiene otros planes para evitar el comercio de droga dentro de la cárcel. "No tiene sentido que los internos manejen dinero. Las cárceles no son bancos ni shoppings. Quizás eso solamente favorezca a los que venden estupefacientes; por eso, voy a enviar un oficio para que no se permita el ingreso de plata al penal", dijo el juez.
El magistrado (que integra la sala VI de la Cámara Penal junto a las vocales Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg) intervino en la problemática del consumo de drogas en el penal en noviembre, cuando guardiacárceles descubrieron que uno de los 78 reos a cargo del tribunal tenía droga en su calabozo. Todo el grupo de internos fue sometido a estudios de orina por orden de Ruiz Vargas. Hasta ahora, el Cuerpo Médico Forense le envió al juez el resultado de las muestras tomadas a 24 reclusos; 13 de ellos ingirieron cocaína, marihuana o psicofármacos, según el informe.
En un primer momento, el juez ordenó que los presos adictos fueran alojados en el Hospital Psiquiátrico Obarrio y sometidos a un proceso de desintoxicación. Sin embargo, los especialistas, luego de revisar a los pacientes, decidieron que sólo uno de ellos debía quedar internado por los síntomas que presentaba. El resto de los reclusos regresó al penal. El ministro de Salud, Pablo Yedlin, se comprometió a enviar psicólogos y psiquiatras a Villa Urquiza para que colaboren con el tratamiento de rehabilitación de los internos que lo requieran.
El lunes, Ruiz Vargas les envió oficios a autoridades del Ministerio de Salud; de la secretaría de Adicciones; del Ministerio de Seguridad Ciudadana; de la Dirección de Institutos Penales; de la secretaría de Derechos Humanos; de la Justicia Federal; del Ministerio Fiscal de la Corte Suprema; y al gobernador, José Alperovich. En los textos, les indicaba la necesidad de que -cada uno desde su área- intervenga en el tráfico de drogas en la cárcel.
La información
Ayer, el camarista se reunió con el fiscal federal Gómez, uno de los destinatarios de los oficios. "Me informó que derivó las actuaciones para que las trabaje el fiscal (Carlos Alfredo) Brito, quien determinará los pasos a seguir", expresó el magistrado ante una consulta de LA GACETA.
Por otra parte, Ruiz Vargas adelantó que entre hoy y mañana enviará otro oficio al penal de Villa Urquiza, disponiendo que se les prohiba manejar dinero a los reos. "Hay que analizar la situación. Por ejemplo, hay muchos que reciben dinero por trabajos de producción dentro de la cárcel. Lo ideal sería que, a cambio, reciban mercadería u otros bienes. Tampoco está bien que algunos internos tengan teléfonos celulares", propuso el juez como posible solución.
El magistrado aún no se reunió con el Ministro Fiscal, Luis di Mitri, quien recibió un texto similar al que le fuera enviado al fiscal federal Gómez. "Estas investigaciones benefician a la sociedad, porque si un preso sale en libertad sufriendo problemas de adicción, hay posibilidades de que reincida o, incluso, de que sea declarado inimputable en un proceso si actuó bajo el efecto de sustancias ilegales", remarcó Ruiz Vargas.
Además, Ruiz Vargas tiene otros planes para evitar el comercio de droga dentro de la cárcel. "No tiene sentido que los internos manejen dinero. Las cárceles no son bancos ni shoppings. Quizás eso solamente favorezca a los que venden estupefacientes; por eso, voy a enviar un oficio para que no se permita el ingreso de plata al penal", dijo el juez.
El magistrado (que integra la sala VI de la Cámara Penal junto a las vocales Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg) intervino en la problemática del consumo de drogas en el penal en noviembre, cuando guardiacárceles descubrieron que uno de los 78 reos a cargo del tribunal tenía droga en su calabozo. Todo el grupo de internos fue sometido a estudios de orina por orden de Ruiz Vargas. Hasta ahora, el Cuerpo Médico Forense le envió al juez el resultado de las muestras tomadas a 24 reclusos; 13 de ellos ingirieron cocaína, marihuana o psicofármacos, según el informe.
En un primer momento, el juez ordenó que los presos adictos fueran alojados en el Hospital Psiquiátrico Obarrio y sometidos a un proceso de desintoxicación. Sin embargo, los especialistas, luego de revisar a los pacientes, decidieron que sólo uno de ellos debía quedar internado por los síntomas que presentaba. El resto de los reclusos regresó al penal. El ministro de Salud, Pablo Yedlin, se comprometió a enviar psicólogos y psiquiatras a Villa Urquiza para que colaboren con el tratamiento de rehabilitación de los internos que lo requieran.
El lunes, Ruiz Vargas les envió oficios a autoridades del Ministerio de Salud; de la secretaría de Adicciones; del Ministerio de Seguridad Ciudadana; de la Dirección de Institutos Penales; de la secretaría de Derechos Humanos; de la Justicia Federal; del Ministerio Fiscal de la Corte Suprema; y al gobernador, José Alperovich. En los textos, les indicaba la necesidad de que -cada uno desde su área- intervenga en el tráfico de drogas en la cárcel.
La información
Ayer, el camarista se reunió con el fiscal federal Gómez, uno de los destinatarios de los oficios. "Me informó que derivó las actuaciones para que las trabaje el fiscal (Carlos Alfredo) Brito, quien determinará los pasos a seguir", expresó el magistrado ante una consulta de LA GACETA.
Por otra parte, Ruiz Vargas adelantó que entre hoy y mañana enviará otro oficio al penal de Villa Urquiza, disponiendo que se les prohiba manejar dinero a los reos. "Hay que analizar la situación. Por ejemplo, hay muchos que reciben dinero por trabajos de producción dentro de la cárcel. Lo ideal sería que, a cambio, reciban mercadería u otros bienes. Tampoco está bien que algunos internos tengan teléfonos celulares", propuso el juez como posible solución.
El magistrado aún no se reunió con el Ministro Fiscal, Luis di Mitri, quien recibió un texto similar al que le fuera enviado al fiscal federal Gómez. "Estas investigaciones benefician a la sociedad, porque si un preso sale en libertad sufriendo problemas de adicción, hay posibilidades de que reincida o, incluso, de que sea declarado inimputable en un proceso si actuó bajo el efecto de sustancias ilegales", remarcó Ruiz Vargas.